Nuevo desastre humano y ambiental por rotura de una represa en Brasil

TRADENER se solidariza con las personas afectadas por la reciente rotura de la represa minera de Brumadinho en Brasil, y con nuestras organizaciones compañeras de camino como MAB  y ha reclamado medidas de control para las empresas multinacionales.

La rotura de la presa, que pertenece a la multinacional minera Vale S.A, ha causado al menos 58 muertes, más de 300 personas han desaparecido y 24.000 han sido evacuadas ante el riesgo de rotura de una segunda represa en la misma zona.

Entendemos que el Estado brasileño es corresponsable de este desastre por no fiscalizar adecuadamente las actividades de las empresas mineras y debe garantizar que Vale asuma su responsabilidad.

El viernes 25 de enero,  la rotura de un dique de contención de residuos mineros en Brumadinho, un municipio del estado de Minas Gerais en el sudeste de Brasil, provocó una avalancha de lodo tóxico. Esta avalancha inundó una gran extensión de terreno sepultando varias viviendas, así como las instalaciones de la presa y la mina de hierro propiedad de la empresa multinacional minera Vale. El balance hasta el momento es de 58 víctimas mortales y más de 300 personas desaparecidas.

En las últimas horas, 24.000 personas han sido evacuadas ante el riesgo de rotura en otra represa minera cercana, también propiedad de la multinacional brasileña Vale. Aunque hay ya informes sobre la llegada de material tóxico al río Paraopeba, afluente del San Francisco, es aún pronto para precisar la dimensión completa de este desastre.

Nos solidarizamos con las personas afectadas y ha recordado que organizaciones brasileñas como el Movimiento de Afectados por Represas (MAB) o la Articulación Internacional de Afectados por Vale llevan años denunciando la falta de control y de seguridad en las explotaciones mineras en Brasil y en concreto las operaciones de Vale S.A.

Esta empresa, originalmente propiedad del gobierno brasileño, fue privatizada en 1997 y se ha convertido en una gran multinacional, la segunda empresa minera del mundo, con presencia en los cinco continentes. Las organizaciones sociales mencionadas han denunciado varios casos de violaciones de derechos humanos cometidos por Vale, así como una política de reducción de costes que compromete cada vez más la seguridad de sus explotaciones.

Asimismo, mediante las organizaciones que configuran este consorcio, Ekologistak Martxan y Mugarik Gabeko Ingeniaritza (MGI-ISF) recordamos que, a nivel global, sucesos como la catástrofe de Brumadinho ponen en cuestión una vez más todo el modelo de minería a gran escala, que se muestra incapaz de gestionar los residuos tóxicos que genera. Este caso además ha vuelto a poner en evidencia los riesgos inherentes a la construcción de grandes embalses, que ocasionan accidentes cada año en todo el mundo. En 2018 se produjeron accidentes graves relacionados con represas en Laos, Birmania, Kenia, Afganistán y Colombia.

Reclamar responsabilidades y evitar otros desastres

El Presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha afirmado que tomará medidas para castigar a los responsables y evitar que se vuelva a producir una tragedia similar. Sin embargo, es difícil creer que esto vaya a suceder.

Apenas han pasado tres años desde la catástrofe de las represas mineras de Bento Rodrigues, cercanas a la ciudad de Mariana y participadas también por Vale a través de la empresa Samarco. Este suceso provocó la muerte de 19 personas, desplazó a miles de familias y afectó directamente a muchos miles más por la contaminación del río Doçe.

No obstante, pese a la envergadura del desastre humano y ambiental, no se ha juzgado todavía a ningún responsable, las empresas propietarias de las presas han pagado una proporción mínima de las multas que les fueron impuestas, y las personas afectadas no han sido debidamente compensadas.

La responsabilidad de Vale es evidente y debe pagar por estos desastres, reparar los daños ambientales y compensar adecuadamente a las personas afectadas. No obstante, es responsabilidad del Estado brasileño tomar las medidas necesarias para evitar nuevas tragedias como las de Mariana y Brumadinho y asegurarse de que las empresas propietarias asuman sus responsabilidades.

Las empresas multinacionales disponen de una gran cantidad de recursos legales y jurídicos a nivel internacional para asegurar sus beneficios y garantizar su impunidad ante violaciones de derechos humanos. Sin embargo, las personas afectadas por sus actividades encuentran múltiples dificultades para acceder a la justicia.

Consideramos imprescindible limitar los privilegios de las empresas multinacionales. Por ello forma parte de la campaña europea Stop ISDS: Paremos a las Multinacionales. Reclaman medidas nacionales e internacionales de control de las multinacionales, como un Tratado vinculante sobre multinacionales y derechos humanos en la ONU o la desaparición de los tribunales de arbitraje internacional ISDS, un sistema judicial exclusivo con el que las multinacionales pueden denunciar a los estados si consideran que estos perjudican sus intereses.

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Utzi erantzun bat

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